En la provincia, así como desde Rosario, distintos legisladores
manifestaron su oposición a la ley por la cual se creó una sociedad
anónima en el delta entrerriano. Apuntan al cuidado del medio ambiente y
la defensa de los humedales.
En ambas orillas del río Paraná se alzaron voces en rechazó de la
creación de una S.A en el delta entrerriano. El ex intendente de Rosario
y senador santafesino Miguel Lifschitz, así como el diputado Lisandro
Viale y el bloque de la Cámara Baja del Fap-Gen, manifestaron su
oposición a la ley que aprobó la Legislatura de Entre Ríos.
El senador rosarino sostuvo que "en nuestras provincias se está violando una convención internacional que protege la zona del Alto delta del Paraná. Se está poniendo en riesgo el patrimonio natural de los santafesinos y argentinos”. Además, agregó que “el alto delta del Paraná es parte de uno de los grandes humedales de América del Sur que están protegidos por una convención internacional a la que adhirió Argentina. Más allá de la jurisdicción provincial sobre estas tierras, hay obligaciones que tiene que ver con el cuidado del ambiente”.
En tanto, Lisandro Viale argumenta que “no solo es un negocio para pocos, sino que también se pone en serio riesgo los humedales y el riquísimo ecosistema que contiene”. El diputado socialista entrerriano expuso que “se crea una Sociedad Anónima en la que el Estado será minoritario, y que por 99 años va a manejar con criterios (hasta el momento) poco claros los arrendamientos de tierras fiscales que, si bien no van a ser vendidas, van a ser explotadas por privados.”
A su vez, el legislador señaló “se contrapone con todos los antecedentes en materia ambiental que llevaban adelante las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y el propio gobierno nacional”.
Por su parte, los referentes del Frente Amplio Progresista de Entre Ríos,(Fap -Gen) Diego Marcó, Jorge Martínez Garbino, Santiago Reggiardo y Guillermo Codino, formalizaron durante el jueves, una presentación dirigida al Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, solicitándole promueva Juicio de inconstitucionalidad contra la misma.
Advirtieron, que la "política de transnacionalización de la soberanía de los recursos naturales" que el gobierno provincial lleva adelante con esta iniciativa, endeuda al pueblo en 50 millones de dólares, y genera una economía de enclave que posibilita la extranjerización, el latifundio, la concentración de la riqueza y la reprivatización de la estructura productiva y portuaria de Entre Ríos".
El senador rosarino sostuvo que "en nuestras provincias se está violando una convención internacional que protege la zona del Alto delta del Paraná. Se está poniendo en riesgo el patrimonio natural de los santafesinos y argentinos”. Además, agregó que “el alto delta del Paraná es parte de uno de los grandes humedales de América del Sur que están protegidos por una convención internacional a la que adhirió Argentina. Más allá de la jurisdicción provincial sobre estas tierras, hay obligaciones que tiene que ver con el cuidado del ambiente”.
En tanto, Lisandro Viale argumenta que “no solo es un negocio para pocos, sino que también se pone en serio riesgo los humedales y el riquísimo ecosistema que contiene”. El diputado socialista entrerriano expuso que “se crea una Sociedad Anónima en la que el Estado será minoritario, y que por 99 años va a manejar con criterios (hasta el momento) poco claros los arrendamientos de tierras fiscales que, si bien no van a ser vendidas, van a ser explotadas por privados.”
A su vez, el legislador señaló “se contrapone con todos los antecedentes en materia ambiental que llevaban adelante las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y el propio gobierno nacional”.
Por su parte, los referentes del Frente Amplio Progresista de Entre Ríos,(Fap -Gen) Diego Marcó, Jorge Martínez Garbino, Santiago Reggiardo y Guillermo Codino, formalizaron durante el jueves, una presentación dirigida al Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, solicitándole promueva Juicio de inconstitucionalidad contra la misma.
Advirtieron, que la "política de transnacionalización de la soberanía de los recursos naturales" que el gobierno provincial lleva adelante con esta iniciativa, endeuda al pueblo en 50 millones de dólares, y genera una economía de enclave que posibilita la extranjerización, el latifundio, la concentración de la riqueza y la reprivatización de la estructura productiva y portuaria de Entre Ríos".
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