viernes, 13 de enero de 2012

FAMILIA GILL, 10 AÑOS DE IMPUNIDAD.

El 13 de enero de 2002 fue la última vez que vieron a la familia desaparecida. En octubre del año pasado, se amagó con unas excavaciones en unos viejos aljibes en un campo lindero a la estancia donde trabajaban y vivían, pero resultaron negativos. Fue el último intento de que algo se pueda saber.

 

Un caluroso día del mes de abril del año 2002, un hombre se presentó en el Diario UNO y habló con una recepcionista: le dijo que le avise a un periodista que habían asesinado y enterrado a una familia entera en un campo de Viale. Se retiró y no se lo volvió a ver. Los periodistas trataron de rastrearlo, pero su extraña aparición hacía algo incrédula semejante noticia.

Unos días después se conoció una denuncia en la Justicia de Nogoyá por la averiguación del paradero de un matrimonio y sus cuatro hijos, que vivían y trabajaban en un campo de Crucecitas Séptima (cerca de Viale, pero en otro departamento). En poco tiempo los cabos se unieron y empezó el caso conocido como la desaparición de la familia Gill Gallego, sin precedentes en la historia criminal de Entre Ríos, que demostró la ineficacia del Estado en la investigación y búsqueda de seis personas, con oscuros pasajes que truncaron el camino a la verdad.

Hoy se cumplen 10 años de la última vez que fueron vistos con vida Rubén José Gill, de 56 años, Norma Margarita Gallego, de 26, y sus cuatro hijos, María Ofelia, de 12, Osvaldo José, de 9, Sofía Margarita, de 6 y Carlos Daniel, de 3, en el velorio de Máximo Vega, un conocido en la ciudad de Viale. Desde entonces se disfrazó de “misterio” lo que fue el fracaso de la investigación.

Sólo sus familiares y algunos vecinos mantienen el reclamo por el esclarecimiento del caso. En abril del año pasado un grupo de personas realizó una marcha frente al Juzgado de Nogoyá, donde pidieron “que el caso se esclarezca”. Sin embargo, nadie los recibió. En octubre, se amagó con unas excavaciones en unos viejos aljibes en un campo lindero a la estancia donde trabajaban y vivían, pero resultaron negativos.Fue el último intento de que algo se pueda saber.

En aquella movilización, una vecina sostenía un cartel que pedía: “Investigar a Alfonso Goette”, en dueño de la estancia La Candelaria, patrón de Mencho Gill y su familia. En aquella ocasión, María Adelina Gallego, hermana de la hermana de la mujer desaparecida, dijo a UNO: “Tienen que traerlo al patrón para que declare. Él tiene mucha responsabilidad, tiene que saber qué les pasó. No va a desaparecer una familia de un día para el otro”.

Paso a paso y puntos oscuros
El 13 de enero de 2002 los seis integrantes de la familia fueron vistos con certeza por última vez. A mediados de marzo, Otto Gill, hermano del Mencho, intentó comunicarse con ellos, pero no hubo respuesta. Luisa, otra hermana, viajó hasta Crucecitas Séptima. Allí el patrón Alfonso Goette le dijo que no sabía nada, y radicó la exposición policial.

La causa fue caratulada al principio, por el juez Jorge Gallino, como Averiguación de paradero. El primer allanamiento que ordenó fue 18 meses después, el 10 de julio de 2003. Otro fue sucesivamente postergado por “inclemencias climáticas”: del 29 de julio de 2003 se pasó al 5 de agosto, y se pospuso para el 13 del mismo mes.

“En el rastrillaje toda la gente del campo vio que no se hizo nada, que Alfonso Goette les carneó una vaquilla y les dio de comer a los policías y que los perros no participaron de la búsqueda”, relató Adelina Gallego en una entrevista con el periodista de UNO, Néstor Bellini, hace seis años.

Elvio Garzón fue el primer abogado de Otto Gill, quien tuvo varios altercados para poder constituirse como querellante. Los familiares afirmaron que no eran atendidos por el juez.

El dueño de una gomería, José Domingo Haller, apareció luego como nuevo testigo: dijo que vio a la familia cuando le llevó un Chevrolet Súper azul a reparar una rueda, y que allí le comentaron que viajaban a Corrientes. La procedencia del auto nunca se pudo establecer, y todos sabían que los Gill no tenían vehículo y siempre se manejaron en remís.

El celular de la familia, de la empresa de telefonía CTI, continuó activado hasta abril de 2003, 15 meses más después de la desaparición.


Los análisis de algunas pruebas levantadas en el lugar, como manchas de sangre o insectos que serían de la fauna cadavérica, no arrojaron resultados auspiciosos, porque el tiempo transcurrido lo impidió.

jueves, 12 de enero de 2012

Más del 10% de los entrerrianos sufren alguna discapacidad.

Según datos finales del Censo 2010, la limitación más común que se padece en la provincia es la visual, que afecta a más de 80.000 personas. La siguen la dificultad motora, auditiva y cognitiva.

 

Uno de cada 10 entrerrianos sufre algún tipo de discapacidad, según los datos definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010 dados a conocer en los últimos días de diciembre por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).


El relevamiento detectó a 142.656 personas con alguna limitación permanente, lo que representa un 11,7% del total de la población de la provincia, de 1.223.631 habitantes. Por primera vez en la historia censal argentina, se incluyó en el cuestionario la problemática de la discapacidad con la intención de tener elementos estadísticos para aportar herramientas y propuestas de trabajo al respecto.


En el país, la discapacidad alcanza al 12,4% de la población.


En el caso de Entre Ríos se detectó que la dificultad más común es la visual, que afecta a 87.408 personas. También se contabilizaron 80.010 habitantes con alguna discapacidad motora (24.104 en la parte superior del cuerpo y 55.906 en la inferior); 25.053 con limitación auditiva y 24.873 de carácter cognitivo.


En cuanto al sexo, están más afectadas las mujeres (12% del total), sobre los hombres (10,6%).


Y en relación a las edades, las discapacidad dan un salto importante a partir de los 44 años. Si bien el porcentual crece a medida que transcurren los años, hasta esa edad no afecta a más del 9%; pero desde los 45 años, ya alcanza al 14%.


Respecto del marco conceptual del censo, se informó que la dificultad o limitación permanente considera tanto a aquellas personas que cuentan con certificado de discapacidad “y aquellas que no lo poseen, pero declaran tener alguna dificultad o limitación permanente para ver, oír, moverse, entender o aprender”.


Las cifras
11,7% El total de la población entrerriana afectada por alguna discapacidad permanente.


87.408 Personas padecen limitación visual.


80.010 Sufren discapacidad motora.


25.053 Tienen limitación auditiva.


24.873 Sufren dificultad cognitiva.

La modificación del régimen jubilatorio y la situación económica de la Caja.

La posible modificación del régimen jubilatorio de Entre Ríos “se discutirá políticamente y de la mano de la situación económica de la Caja de Jubilaciones”, pero si el sistema es elogiado por otras provincias al ser considerado “ejemplar”,  “habría que preservarlo en su esencia”, afirmó la  convencional mandato cumplido Griselda De Paoli, quien añadió que en la Constitución “existe un principio de estabilidad” para los pasivos. “El problema grave es si a futuro, los fondos van a parar a gente que nunca hizo aportes”.
 De Paoli expresó que la posible modificación del régimen jubilatorio de Entre Ríos “se discutirá políticamente y de la mano de la situación económica de la Caja de Jubilaciones”, pero si el sistema es elogiado por otras provincias al ser considerado “ejemplar”,  “habría que preservarlo en su esencia”.
“Si es ejemplar, lo que tomemos de otras no será para mejorarlo”, subrayó y añadió que un punto “importante a destacar” es que la Caja fue incorporada a la Carta Magna provincial, por lo que se le dio rango constitucional y resultó ser la encargada de atender el sistema previsional.
Su función “es intransferible”, cuando antes era el gobierno el que tenía que firmar cada jubilación que procesaba. De todos modos, en la Constitución “existe un principio de estabilidad” para los pasivos. “El problema grave es si a futuro no hay equilibrio y los fondos van a parar a gente que nunca hizo aportes”.
Asimismo, la discusión de la edad de retiro “tiene que ver con cómo funciona la Caja, con los derechos adquiridos y los aportes realizados”. Así, su reforma “debe ser discutida desde lo gremial y político”, afirmó a AIM.
“Lo más importante de ver es que, de alguna manera, la Caja pretendió estar preservada en el ámbito provincial”, dijo y aclaró que se es necesario analizar cuál es la proporción de aportantes y beneficiarios, ya que “siempre fue tres a uno”.
El inconveniente suscita cuando “no se puede mantener esa proporción, por lo que si tenemos menos aportantes activos, la cosa se pone mal”, remarcó.
Artículos constitucionales que protegen al régimen
Artículo 41: “los funcionarios y empleados permanentes, provinciales, municipales, comunales, o en su caso, los herederos que determine la ley de la materia, tendrán derecho a jubilación, pensión o seguro. La ley será dictada con sujeción a normas técnicas que tengan en cuenta el principio de la proporcionalidad entre los aportes y beneficios, el tiempo de los servicios y la edad de los beneficiados, sin excluir los aportes del Estado, de las municipalidades y las comunas. La ley establecerá bases especiales para el caso de accidentes ocurridos con motivo de la prestación del servicio”.
La Constitución provincial advierte que la Legislatura no podrá acordar pensiones ni jubilaciones por leyes especiales.
En el debate de ese punto, “hubo intervención de los centros de jubilados” y “se podría decir que se preserva el derecho de quienes vayan a jubilarse.
En el artículo 175, de atribuciones y deberes del Poder Ejecutivo, en el inciso 23, se concede jubilaciones y pensiones conforme a la ley de la materia. Esta función es irrenunciable y deberá ejercerse por la Caja de Jubilaciones y Pensiones, que es el ente autárquico provincial encargado de atender el sistema previsional, a efectos de emitir el acto administrativo.
“Lo novedoso de este agregado es que se incorpora a la Caja dentro del provincia y le otorga funciones irrenunciables”, explicó De Paoli a AIM.
El gobierno trabaja en un proyecto para aumentar la edad jubilatoria.

Castaldo: "la pobreza estructural no se resuelve con 10 escuelas de jornada completa".

“Es un error y un planteo demagógico y tramposo decir, como argumenta el gobierno, que se combatirá la pobreza con la creación de nuevas escuelas de jornada completa”, aseguró el secretario general de la filial María Grande de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Mauricio Castaldo. “No puede haber inclusión social cargándole más a los docentes, la contención de la exclusión y las injusticias que generan las malas políticas que generan  las elites del poder que las dictan”.
 Castaldo advirtió que la pobreza sólo se superará “con cambios estructurales en las políticas económicas y sociales, y con una real distribución de la riqueza. El analfabetismo y las desigualdades sociales y educativas no serán erradicados con la creación de 10 escuelas nuevas de jornada completa: es un debate político y pedagógico amplio y profundo del que hay varios ejemplos históricos en Nuestra América”.
Para el profesor, “pensar la alfabetización a esta altura del debate político y educativo en nuestro continente, es algo más que enseñar a leer y escribir; que educar en algunas materias o pensar la escuela pública como un galpón o una guardería de tiempo completo”.
El secretario general de Agmer María Grande consideró que “si pensáramos en desarrollar un debate educativo serio y no sólo una discusión de políticas sociales en el marco de la continuidad del ajuste estructural, discutiríamos democráticamente las condiciones justas para la extensión de la educación de jornada completa a buena parte o todo el sistema, evitando la estigmatización de los sectores más vulnerables”.
Debate sí, pero con propuestas
Castaldo aseguró que desde la entidad quieren debatir “nuevas y mejores políticas educativas, como así también en materia económica y social. No queremos discutir la educación y la escolaridad como una política social más del régimen de cosas existente. Un nuevo ministerio de Educación provincial debería pensar la educación más allá de la acción social con lo que hay”, cuestionó.
El docente afirmó que “el debate está abierto y aportamos nuestras ideas. La creación de nuevas escuelas de jornada completa se inserta en una discusión política, gremial y pública, abierta, pendiente, compleja y profunda. La última palabra -en éste y en todos los temas estratégicos- la tendrán los trabajadores de la educación en las asambleas de base, en los plenarios de seccionales y en el congreso de la entidad”.
Para el dirigente mariagrandense, “la pasión, la responsabilidad, la creatividad y el compromiso crítico de la docencia, adentro y afuera del aula, son los que evitan y evitarán que se cierre y se limite la educación a una tarea de acción social. El debate tiene que ir más allá de las simplificaciones, la demagogia, las injerencias del poder y de cualquier intento de manipulación”.

 
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