DOCUMENTO INTERSINDICAL DE ENTRE RÍOS.

El documento

En la reunión los dirigentes sindicales le entregarán formalmente al titular de la Cámara de Diputados, Jorge Busti, el documento en el que hacen un análisis de las cifras del proyecto oficial del Presupuesto 2010:

A continuación, el documento:

El Presupuesto es un esquema o síntesis que se realiza con antelación, sobre la inversión y los recursos económicos que se ejecutarán en el ejercicio económico siguiente.

El presupuesto provincial 2010 es una planificación estimativa de los recursos que se dispondrán en el año 2010, con el establecimiento del orden de prioridades que el gobierno da a su gestión.

Este proyecto de presupuesto muestra claramente que el gobierno pretende que seamos, hoy y mañana, los trabajadores la variable de ajuste de la crisis económica que no generamos.

La percepción común es que la responsabilidad presupuestaria corresponde al Poder Ejecutivo por su realización y concreción. Sin embargo, esta responsabilidad también involucra a toda la dirigencia política que detenta poder, pues por su característica de ley, el presupuesto necesita del estudio y profundo conocimiento de los miembros del Poder Legislativo para que sea aprobado o que se promuevan las reformas que se crean pertinentes. Esto significa que las responsabilidades ante la sociedad son compartidas tanto por el Poder Ejecutivo, como el Poder Legislativo y el Poder Judicial que debe ser el contralor de la plena vigencia de la Constitución provincial y nacional.

Por lo tanto quien no exprese sus desacuerdos y no promueva las modificaciones necesarias, es partícipe y garante de las políticas que el presupuesto en sí mismo encarna.

Desde la Intersindical ratificamos una vez más las críticas que le hemos hecho al gobierno provincial respecto a que el presupuesto 2010 no contempla ningún aumento de la masa salarial. Es más, observamos con mucha preocupación la reducción de la misma, a tal punto que en el presupuesto 2009, se dispuso de un 40 por ciento para gastos de personal, mientras que en el 2010, este porcentaje se redujo a un 34 por ciento. El proyecto de presupuesto 2010 prevé un incremento de 2.132.943.000 pesos sobre el Presupuesto 2009, pero la pauta porcentual salarial respecto del año anterior para 2010 es la más baja desde el 2005.

El gobernador dice que nunca en los presupuestos elevados para su tratamiento se contemplaron aumentos salariales, esa es otra mentira del gobierno, tratando de justificar lo injustificable. Si se multiplica la masa salarial, del 2009, de 254.000.000 pesos mensuales por 13 meses, arroja como resultado el gasto total de personal previsto para el 2010. Es decir, ratificamos nuestra denuncia de que no tienen previsto aumento salarial para 2010 ya que ni siquiera se contempla la pauta inflacionaria del ocho por ciento, fijada para el 2010 por el presupuesto nacional, planteando un presupuesto desfasado de la realidad que dibuja el IndeK.

Los trabajadores no olvidamos todas las veces que nos han respondido que no pueden dar aumento porque “no está en el presupuesto y no se pueden salir de él”. No vamos a caer en la trampa a la que nos quieren llevar porque además de nuestra propia experiencia, varios legisladores nos dijeron en las dos reuniones que hemos mantenido “el año pasado fuimos engañados, votamos el presupuesto como lo mandó el Ejecutivo, porque nos prometieron que iba a haber aumento para los trabajadores y no fue así”.

Que los responsables se hagan cargo de sus acciones.

Enunciar que el cumplimiento de algunas leyes significa priorizar la educación, la salud, el trabajo, la justicia, la alimentación, etc. no es un razonamiento necesariamente valido, toda vez que priorizar la educación, la salud, el trabajo, la justicia, la alimentación significa atender sus requerimientos, lo que a toda luz resulta incumplido visto el marcado deterioro edilicio, la faltante permanente de elementos e insumos y el permanente reclamo salarial de los trabajadores por salarios insuficientes. Atender las necesidades del pueblo significa establecer metas para elevar la calidad de vida de los entrerrianos, la que es imposible de alcanzar si no se poseen los medios materiales para hacerlo.

Subyace como problema de fondo la estructura tributaria, tanto provincial como nacional. Si la nación detrae sistemáticamente importes antes de proceder a la distribución de la coparticipación, si incrementa derechos de exportación que no coparticipa automáticamente, si mantiene el impuesto al cheque y no lo coparticipa, si el impuesto más regresivo –el IVA- es el principal recaudador, se reduce la riqueza que circula en la provincia y se profundiza la concentración.

Especial mención requiere el crédito público que permite que el endeudamiento se garantice con los ingresos futuros de la coparticipación federal, restringiendo la disponibilidad y las decisiones futuras. Más aún, si no se obtiene el financiamiento el ejecutivo podrá disponer de partidas de gastos del presupuesto reasignándolo para asegurar los servicios de la deuda.

El presupuesto 2010 prevé un total de obras sin crédito por 1.030.417.555 pesos. Prever obras sin crédito es una modalidad que se repite del presupuesto anterior donde vuelven a aparecer muchas obras ya previstas anteriormente. Del total de este tipo de previsión –es decir obras que no se van a hacer- una parte corresponde a centros asistenciales de salud, a obras que deberían realizarse en hogares dependientes del Consejo del Menor y a obras referidas a establecimientos educativos, entre otros.

En el artículo 21, además de la remanida delegación de facultades se autoriza al Poder Ejecutivo ampliar el presupuesto con los mayores recursos no afectados que se logren sobre los estimados. Y, dispone, que la inversión de este mayor recurso no deberá ser menor al 70 por ciento para la implementación de una política de recomposición salarial. No obstante, estas expresiones del proyecto es probable que no sean más que buenos deseos, porque la disponibilidad de estos mayores recursos se logra a partir de “atenderse los costos conforme la estructura vigente al momento de aprobación de la presente ley” (textual). Es decir que de acuerdo a lo que dispone este artículo recién podrá aplicarse los mayores recursos a salarios una vez que todas las previsiones de gastos aprobadas sean satisfechas, inclusive las de OBRAS SIN CREDITO.

Se habla mucho de reformas, educativa, impositiva, implementación del Código Procesal Penal, pero no se piensa en realizar la inversión necesaria para hacerlo.

Por ejemplo, hay reducción en la partida para el poder judicial, mientras que en el 2009 se disponía del 3,14 por ciento del total del Presupuesto, en el del 2010 se dispone solamente un 2,53 por ciento, con el agravante que el presupuesto del 2010 no contempla la aplicación de Código Procesal Penal en las Jurisdicciones de Gualeguay, Gualeguaychú, Nogoyá, Victoria, Concepción del Uruguay, Tala, Colón. En Educación, se está llevando adelante la reforma educativa mientras no se prevé el necesario aumento de cargos y horas y edificios para hacerlo seriamente; para muestra sobra un botón: sólo prevén la creación de 200 horas cátedras nuevas y esto no cubre las necesidades actuales ni el reclamo de 20.000 horas cátedra para implementar la concentración horaria en la escuela secundaria.

Los trabajadores no podemos mantenernos pasivos ante un presupuesto que no da cuenta del 30 por ciento de inflación acumulada del 2008 a la fecha, no podemos estar pasivos ante un presupuesto alejado de las necesidades populares en una provincia que genera alimentos para millones, entregando su suelo para hacerlo, mientras se mantiene y profundiza la pobreza y el hambre porque los funcionarios tienen alteradas las prioridades.

De aprobarse, tal como está propuesto el presupuesto, se habrá sancionado una ley que vulnera las garantías constitucionales elementales previstas como una clave para todos los ciudadanos que vivimos en esta provincia y por lo tanto habilitará, sin ninguna duda la pertinente reclamación, no sólo antes los órganos jurisdiccionales que tienen competencia para analizar y revisar la constitucionalidad de las leyes, sino también ante los Organismos Internacionales en los cuales nuestra república ha comprometido garantizar la operatividad de los derechos básicos fundamentales.

En definitiva solicitamos a la Legislatura de la provincia que rechacen la propuesta inconstitucional e ilegal elevada por el Poder Ejecutivo y elaboren un presupuesto que contemple el cumplimiento de los más elevados fines y objetivos, derechos y garantías, relacionados con el pueblo de nuestra provincia.

Desde el más alto al más bajo de los rangos normativos, surge la expresa y tangible consagración del derecho de todas las personas a la educación, a la salud, a la justicia, a la alimentación, al trabajo, y del trabajador a una remuneración justa, equitativa y actualizada, que permita de este modo condiciones dignas de labor y la manutención del trabajador y su grupo familiar. Se trata de una manda constitucional y no de una hueca expresión de deseos.

Por todo lo dicho y analizado precedentemente, a la luz de las normas ostensiblemente incumplidas por el proyecto presentado, corresponde que el mismo sea rechazado por los señores Legisladores y, en su defecto, se elabore otro presupuesto que contemple el cumplimiento de los elevados fines y objetivos consagrados como derechos y garantías en las normas fundamentales que rigen la vida de nuestro pueblo.

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