Fueron puestos en circulación en 2001 y se rescataron en 2003, pero hasta ahora no han sido destruidos, y la provincia debe pagar un canon bancario para su guarda • Un dictamen de la Fiscalía de Estado aconseja ahora su incineración.
Los Bonos Federales se emitieron en 2001 en el marco de Ley de Emergencia Económica Ocho años después de su salida de circulación, los Bonos Federales resisten, y le generan una sangría al Estado: en las arcas del Nuevo Banco de Entre Ríos SA y del Banco Central de la República Argentina (BCRA) están depositados todavía 257 de los 260 millones que se pusieron en circulación en 2001 en la provincia en el marco de la severa crisis económico social que afectaba entonces al país.
El Nuevo Bersa tiene atesorado un monto total de 256.124.651, de los cuales 254.859.731 están en custodia en la bóveda del BCRA, en tanto que 1.294.938 en bonos están en los tesoros de la sede central del agente financiero del Estado entrerriano y en la sucursal Buenos Aires. Aunque la guarda no es acción filantrópica: por esa tarea el banco percibe un canon, 60 mil pesos por mes, que acumulado desde 2003 a la fecha supone que el Estado ha pagado por la custodia de los bonos 5,7 millones de pesos.
“Considerando que la emisión total de Letras de Tesorería puesta en circulación fue de 260 millones, faltaría rescatar la cantidad de 3.875.340 millones”, dice un informe oficial elaborado por la Unidad Operativa de Control del Agente Financiero. Se trata de pleitos en la Justicia en relación a procesos de pago mediante el uso de Bonos Federales.
• Destrucción
En septiembre de 2004, un año después de la salida de circulación de los Federales en Entre Ríos, la Tesorería General de la Provincia planteó la necesidad de encontrar un mecanismo para la destrucción total de las cuasimonedas que circularon en Entre Ríos durante la gobernación del radical Sergio Alberto Montiel.
Iniciado el trámite en la Administración, se produce entonces un primer dictamen de la Fiscalía de Estado, que no plantea objeciones a ese proceso de destrucción, aunque con la salvedad, aconsejó, que debería tomarse el recaudo de “anotar la serie y numeración de los bonos que sean destruidos”.
Pero la Tesorería se pone a analizar el asunto, y cae en la cuenta de que inventariar semejante volumen de Bonos Federales sería una tarea que demandaría nada menos que 12 años. Algo así como la leyenda de Penélope, que tejía y destejía.
Lo puso en estos términos a esa advertencia: realizar el inventario a fin de relevar tres datos (serie, número y valor de cada bono) “se estima que llevaría diez segundos por cada billete que, multiplicado por 26.000.000, da 72.222,22 horas. Efectuando un cálculo a razón de 5 agentes trabajando 6 horas extras anuales, el trabajo podría culminarse en doce años, tiempo durante el cual habría que seguir abonando el canon mensual”.
Con ese cálculo, el ministro de Economía, Diego Valiero, planteó la necesidad de realizar la destrucción de los Bonos Federales en guarda bancaria, “básicamente teniendo en consideración el haber concluido el proceso de rescate y el alto costo que significa el pago mensual de aproximadamente 60 mil pesos para su custodia”.
• Epílogo
El expediente que cuenta el desopilante destino final de los Bonos Federales llegó a manos del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, aconsejó lisa y llanamente la destrucción de las cuasimonedas, y así cortar la sangría de recursos que supone mantenerlos en custodia bancaria. Y que esa destrucción, señala, deberá hacerse sin necesidad de efectuar un inventario nominal, tarea que, asevera, resulta materialmente imposible.
Dice Rodríguez Signes que esa tarea es imposible no sólo por razones de tiempo, sino también por la carencia de personal suficiente para abocarlo a esa faena. Pero además pone de manifiesto que “no es posible soslayar que, desde el Banco Central de la República Argentina, se ha emitido al Ministerio de Economía Provincial una misiva mediante la cual se solicita el dictado por parte de la provincia de una norma que habilite la destrucción de los Bonos Federales rescatados conforme el programa de unificación monetaria” dispuesto en 2003.
La cuenta total de Bonos Federales emitidos por la provincia excede los 260 millones: el Nuevo Bersa también tiene atesorados 85.968.000 correspondientes a billetes que no fueron puestos en circulación –los primeros fueron emitidos por ley, estos últimos por decreto, lo cual motivó uno de los juicios políticos contra Montiel—, y otros 37.800.000 emitidos en concepto de reserva técnico. Todo ese volumen de bonos deberán ser destruidos mediante el siguiente proceso: los billetes son pasados por una máquina destructora y luego son cargados en bolsas especiales e incinerados. La tarea, claro, también tiene un costo.
La historia todavía no conocida, y que ahora se revela, de la irresuelta defunción de los Bonos Federales, está contenida en el expediente “T 2992/04 FE”, en el que el fiscal de Estado emitió un dictamen en el que sostiene que “no tiene sentido alguno seguir conservando el depósito de las referidas Letras de Tesorería, con el elevado costo mensual que ello conlleva y el consiguiente perjuicio económico derivado a la Provincia. Máxime, cuando ya ha finalizado el proceso de rescate y canje de los bonos”.
• Paso a paso
En medio de una difícil situación interna, el gobierno del radical Sergio Montiel envió a la Legislatura el 24 de julio de 2001 el proyecto de ley de creación de los Bonos Federales.
El 14 de septiembre consigue la media sanción del Senado.
Ingresa a Diputados, y el 26 de ese mes la Cámara baja lo aprueba con modificaciones.
Vuelve al Senado, y de allí sale con media sanción el 27 de septiembre.
El trámite fue rápido: al día siguiente tiene sanción definitiva en Diputados la Ley Nº 9.359 de creación de los bonos.
La autorización al Ejecutivo era para emitir 260 millones, aunque luego el Gobierno ampliaría la emisión de más Federales por decreto.
El 13 de diciembre de 2001 se dicta la Ley Nº 9.382 de Emergencia Económica que obliga a aceptar el 50% en Bonos Federales en toda transacción comercial; otra ley modificatoria de la primera lo amplía luego al 100%.
El telón de fondo era un creciente malestar social. El gobernador Montiel atravesó sucesivos procesos de juicio político que no prosperaron.
En febrero de 2003 se decretó el rescate de los bonos.
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